Embajador de los Estados Unidos en el Ecuador Michael J. Fitzpatrick
Palabras en el Evento de Iniciativas Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Universidad Andina Simón Bolívar.
Quito, Ecuador
14 de diciembre de 2022
(Como fueron pronunciadas)
Damas y caballeros, muchísimas gracias por estas primeras observaciones y reflexiones por parte del rector César Montaño y el director Víctor Granda, gracias también por la universidad por la cooperación y esta oportunidad representada en este taller. Bienvenidos a todos, gracias también, quisiera agradecer a todos los miembros de esa junta directiva, de los panelistas, de Candice Welsch de las Naciones Unidas, representantes de varias instituciones del Estado ecuatoriano, miembros de la prensa, todos, muchas gracias por asistir, por compartir, con el rector, estas palabras, gracias por este contexto por mis palabras hoy. Perdóneme con anticipación por extenderme un poquito sobre un tema tan importante hoy día.
El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha manifestado que la corrupción es un cáncer que carcome la fe de los ciudadanos en una democracia.
La corrupción deteriora la justicia porque los ciudadanos pierden la confianza en sus resoluciones.
Hace casi exactamente un año, fue algo de noticias aquí en este país cuando yo mencioné en voz alto, un tema que ya hablaban muchas personas, pero solamente en voz bajo: narcogenerales. Fue hace un año.
Aquí le comparto otra noticia hoy, pero usando palabras distintas pero el mismo concepto del rector hace un par de minutos. Aquí hay otro titular, que no es nada de sorpresa por la gran mayoría de ciudadanos, de los seres honestos de este país y de mi país también.
La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del estado de derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad, y sapiencia.
Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático – o peor: un camuflaje para proteger a narcos, matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen pública – la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella.
Ecuador ahora vive un momento complejo, un momento en que la verdad como valor clave de la convivencia pacífica en una sociedad democrática corre el riesgo de quedarse en el olvido.
Lo que sucede ahora en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive el país.
Permítame unas estadísticas. Según la Policía Nacional, la tasa de muertos violentos en Zona 8 – o sea, en Guayaquil, Samborondón, Daule, y Durán – en los primeros 11 meses del año 2019, hace tres años, estaba parecida a la tasa nacional: alrededor de 8 muertos violentos cada 100 mil habitantes anualmente hablando. Bastante bien en términos nacionales/globales. ¿Y en los primeros 11 meses este año en Zona 8? Más de 42 muertos violentos por 100 mil habitantes. O sea, más de 5 veces más alto, en solamente tres años. ¿Y en Esmeraldas? La tasa este año de homicidio en Esmeraldas en los primeros once meses bordea 74 homicidios por cada cien mil habitantes.
A modo de comparación, en 2021, solo dos ciudades en mi país, en los Estados Unidos – un país con más armas letales que ciudadanos, y una cantidad incontable de masacres escalofriantes de inocentes – nosotros solo tuvimos dos ciudades en mi país que tuvieron tasas de homicidio superiores a 40 por 100 mil habitantes. Otra vez, Esmeraldas 48, y en Zona 8, 42 en este año.
Estas cifras locales son claras (estas cifras de Guayaquil y Esmeraldas), han superado las tasas nacionales de homicidio más altas de las Américas registradas en 2021, más que las tasas nacionales de Venezuela, Jamaica y Honduras. Una de las razones principales de estos sorprendentes aumentos en los asesinatos es porque el gobierno está incautando cantidades enormes de drogas ilícitas pasando por el país. Obvio. Ha subido enormemente. Han tenido muchos éxitos acá y hay una reacción. Hace unos pocos años, Ecuador incautó quizás 50 toneladas al año. Pero en el último año, Ecuador agarró casi 5 veces más. Cinco veces más en un país que no produce cocaína. Es el país número uno de tránsito de drogas en el mundo, quizás. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles. Y de la justicia.
Si bien es cierto que, que la gran mayoría de los homicidios en Zona 8 por ejemplo, más de 80 por ciento según la Policía Nacional, más de 80 por ciento están vinculados directamente con el narcotráfico, pero esto no significa que los muertos no han sido enjuiciados por una corte de ley. Tampoco significa que no son ciudadanos de este querido país. O que no dejen familias heridas, padres y madres en luto.
La impunidad es uno de los factores que alimenta la llama de la violencia y la corrupción. Un ejemplo de esto es el atentado terrorista sucedido en Cristo del Consuelo, Guayaquil. ¿Se acuerda de esto? A las 02:00 de la mañana el domingo 14 de agosto, en este barrio de personas dignas, pero de escasos recursos en Guayaquil se registró una explosión de gran magnitud. Destruyó varios edificios, cinco personas murieron y 17 personas resultaron heridos. Y a pesar de ser un hecho ampliamente publicitado, es uno de los casos más claros de la impunidad.
Porque hasta la fecha, hasta hoy, no hay ninguna persona sancionada. Una muestra más de las fallas – las fallas colectivas – del sistema de justicia.
La impunidad en el crimen transnacional organizado y la corrupción es grande. En todas partes. El crimen organizado y la corrupción toman ventaja de jurisdicciones donde la institucional está en construcción. Porque les garantiza la impunidad. Para reducir la impunidad los poderes judiciales de varios estados deben trabajar en compartir información al nivel internacional, y comprometerse a colaborar entre ellos. Y rápidamente. Porque la justicia demorada es la justicia negada.
La extradición es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y la Corrupción. Un tratado internacional en efecto ahora, por 20 años, desde el 2003. Que cuenta ahora con 190 partidos suscritos en todo el mundo – y hay solamente 193 países en las Naciones Unidas. 190 de 193 suscritos.
Así que el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los Estados deben trabajar juntos para sancionar a los criminales.
Hace más de 30 años estructuras criminales conocidas como la mafia, dominaban jurisdicciones que les garantizaban impunidad en el sur de Italia. Donde yo vivía como joven. Fue imposible juzgarlos hasta que se crearon cortes con jurisdicción nacional capaces de traer justicia y sancionar a estos criminales.
El Ecuador ha adoptado recién un modelo similar a Italia a través de los jueces especializados en contra de la corrupción y el crimen organizado y los crímenes financieros complejos. Muchas felicidades. Ojalá que sea a tiempo.
La especialización de la justicia es estructural para poder comprender y atender la especialización de acciones en un sindicato criminal. Casos de la corrupción y el crimen organizado, típicamente son casos sofisticados y con entramadas complejas que requieren de juezas y jueces capaces de entender detalladamente el fenómeno, las formas de lavar activos usando criptomonedas, acciones financieras complejas en varios países y jurisdicciones. La compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los PPLs en este país. A los pobres que no tienen acceso a un narco abogado.
Por eso, es un gran paso contar con esta corte nueva, esta arquitectura institucional reformada. Y quisiera felicitarles a todos involucrados en este esfuerzo: los miembros del sector judicial y de la academia quienes propusieron esta reforma y quienes reconocieron la necesidad y urgencia para actuar.
Es un paso necesario. Pero no es suficiente. Porque se requiere de acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque al crimen organizado transnacional.
Por un lado, se requiere normativa que encuentre el balance necesario para no permitir la indefensión pero que tampoco raye en la impunidad. Por ejemplo, tengo una pregunta. Alguien me puede explicar porque hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación. Es como decir, “Estimado Sr. Pablo Escobar: Le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado – el bombazo de anoche. Y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay, no hay acusación todavía en su contra – porque solamente ahorita empezamos a investigar. Pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día. Firmado formalmente: Fiscalía General del Estado.” Imagínese. Tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas. ¿Y Ecuador? ¿Ecuador?
Normativas como estas garantizan la impunidad porque las organizaciones criminales desaparezcan, perdón desaparecen todos los vestigios o testigos del crimen antes de que puedan ser llevados ante la justicia. Porque estaban avisados por la justicia. Bueno, no por la justicia, por el sector judicial. Una gran diferencia.
También me han dicho que es legalmente inadmisible en este país confesar un asesinato. Ser sicario. No sé si es verdad, pero me han dicho que sí. Ya sea por tener punzadas de culpabilidad o como parte de un acuerdo de culpabilidad para testificar contra cómplices en una red criminal involucrada en crímenes aún mayores. ¿Y por qué? Porque la pena es quizás mayor de 10 años de prisión. ¿Entonces solamente puede confesar por cosas menores? ¿Puede ser cierto?
¿Es así como se hace justicia a las víctimas? ¿A sus familias? ¿Cuándo el estado incautó solamente dos millones de dólares en todos casos de lavado de activos en cuatro años? ¿Y cuándo ahorita los tribunales están considerando devolver hasta 10 millones de dólares en efectivo en un caso, solamente un caso, diez millones de dólares en efectivo oculto a la familia del líder de una pandilla y solamente porque él, porque el capo fue matado por otros delincuentes? ¿Cuándo los jueces al azar liberan a los asesinos y sus protectores repetidamente? Estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y todo el camino hacia el banco.
Se requiere que las instituciones, todas las ramas del Estado, trabajan de manera articulada. La Asamblea Nacional tiene una deuda para, para proveer los cambios normativos que se requieren.
Y la Corte Nacional de Justicia debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales. El Consejo de la Judicatura debe sancionar a quienes abusen del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes.
Y el Ejecutivo, como el Jefe de Estado, tiene un papel de concertación, para que todo el Estado trabaja y hace justicia de forma transparente de los y a favor de la sociedad civil para los ciudadanos y residentes de este hermoso país.
Para traer justicia, real justicia, y no solamente procesar el papeleo desde la bandeja de la entrada a la bandeja de la salida, escribiendo decisiones lindas y largas que nadie va a leer, se requiere dejar de trabajar en las minucias legales y empezar a atender el fondo de los casos, donde se sancionen a los culpables y manda a los inocentes a sus casas.
Para sintetizar, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional se traduce en una simple fórmula matemática: Información más integridad más procesos adecuados es igual a menos impunidad y menor indiferencia. Es igual a más justicia, menos violencia y más paz social.
La corrupción afecta el futuro para todos y está en nuestras manos generar un cambio de verdad. En colaboración con varias instituciones del Estado ecuatoriano, la justicia norteamericana, independiente como es, ha sancionado civil y penalmente a personas involucradas en actos de la corrupción con nexos con mi país. Así como el Ejecutivo ha revocado las visas de cientos de personas involucradas en estas actividades delictivas, en conforme con nuestras leyes.
En las formas que el sector judicial ecuatoriano desee colaborar con nosotros en la lucha anticorrupción, antiviolencia y contra las redes transnacionales, cuentan con nosotros, cuenta con nosotros como aliados en capacitación, equipamiento y colaboración activa en casos internacionales. Hacemos nuestra parte.
El Ecuador requiere sentar cimientos fuertes y duraderos para asegurar que el sistema de justicia cumpla con su misión fundamental. Al no ser así perderá su relevancia y vigencia en las vidas de 18 millones de habitantes. Y la única ley que opera en este caso será la ley de la selva. Y todos sabemos cómo es esto, y nadie quiere eso.
Muchísimas gracias.
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